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Zafarrancho sanitario

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Zafarrancho sanitario

En febrero último, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, confiaba en lograr la inmunidad de rebaño para julio. Envalentonado con las 62 millones de vacunas acordadas, se dio el lujo de cerrarle la puerta al laboratorio Pfizer mientras tampoco utilizaba la totalidad del cupo del fondo Covax. Hoy, la Argentina solo cuenta con 20 millones de vacunas y registra más de 90.000 muertos por Covid.

Ante ese panorama desolador, la vicepresidenta Cristina Kirchner, habilidosa para sacarse fardos de encima, cambia de tema e invita a repensar el sistema sanitario. Con nostalgia setentista, resucita el Sistema Nacional Integrado de Salud de 1974, diseñado por el cardiólogo Domingo Liotta y hecho fracasar por el sindicalismo peronista, que no quiso ceder la caja de sus obras sociales.

Repensemos la salud pública, entonces. En un país donde lo público ha sido utilizado para enriquecer proveedores, contratistas y “expertos en mercados regulados” no es de sorprender que la red de hospitales nacionales, provinciales y municipales siempre sufriera carencias que nadie pudo solucionar, a pesar de que la Argentina dedica el 10% de su PBI a gastos de salud. En contraste con el ideal de Ramón Carrillo, y como metáfora de esas falencias, hoy es más apropiada la imagen de los bolsos de López que la de aquel sanitarista.

Es fácil imaginar el despropósito que implicaría la centralización de los inmensos recursos de salud en manos de la política, con su lógica de preferencias tan ajena a las prioridades sanitarias. Cabe recordar la forma en que Vialidad Nacional pagaba los certificados de obra de Lázaro Báez y cómo cajoneaba los pagos a quienes no sabían compartir sus cobranzas con la familia Kirchner para tener un pantallazo de lo que se pergeña hacer ahora con el sistema sanitario

Repensemos el sector de la seguridad social, también. La vicepresidenta no debe ignorar el pacto corporativo “militar-sindical” de Juan Carlos Onganía, creando el régimen de obras sociales sindicales con impuestos al trabajo (1970), para captar al peronismo y lograr gobernabilidad. Los gremialistas aprendieron rápido a desviar fondos a través de la sobre facturación de servicios, compras de inmuebles y refacciones varias. Mediante esos recursos, han otorgado al peronismo el control de la calle durante toda la democracia, con una capacidad de movilización sin parangón. Raúl Alfonsín pretendió modificar el régimen y sufrió 13 huelgas generales.

En tren de repensar, la vicepresidenta debería recordar tantos años de alianzas con cúpulas gremiales financiadas con recursos mal habidos, incluyendo su propia gestión, para llenar plazas, cortar avenidas y patotear a la oposición.

En cuanto al sector privado de la salud, surgió como resultado de falencias del sector público y de las obras sociales, basado en el principio de libertad contractual y el derecho a ejercer toda industria lícita. En todos los países del mundo capitalista existen formas de seguros de salud privados, como alternativa o complemento de la cobertura pública.

Lamentablemente, en nuestro país, ante un Estado fracasado que abandonó sus funciones esenciales, el Congreso Nacional ha transferido responsabilidades sanitarias que le son propias a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales, aunque solo estas obtienen recursos por ley.

El Estado debe financiar la salud pública como red de seguridad para quienes no tienen cobertura y también como asegurador de última instancia para los tratamientos costosos o las situaciones extraordinarias

La salud privada ha sido víctima de esta visión desde 1996, cuando las prepagas fueron obligadas a incluir el Programa Médico Obligatorio (PMO) sin otra financiación que las cuotas de sus afiliados. Pero el PMO no fue un techo, sino un piso, al que se sumaron leyes especiales para tratamientos de alto costo y para la discapacidad. Estas leyes y los amparos judiciales han hecho tambalear sus finanzas al obligarlas a incorporar prestaciones sin recursos, ni autorización para aumentar sus cuotas. Y, como efecto secundario, les ha impedido ofrecer planes de distinto costo, a partir de coberturas diferenciales, como sería normal conforme su carácter privado.

Esta distorsión se agravó con la ley de 2011 que reguló la medicina prepaga, convirtiéndola en un servicio público, desnaturalizando su carácter contractual al imponerle obligaciones exorbitantes como la afiliación sin períodos de carencia o con enfermedades preexistentes o con edad superior a 65 años, quitándoles el derecho a fijar el precio de sus planes, como si fueran empresas de gas o de luz. En teoría, avances equitativos y solidarios, propios de una sociedad moderna, pero cuya financiación corresponde exclusivamente al Estado y no a las prepagas.

Ahora se invoca la fragmentación del sistema sanitario para justificar su eventual estatización. Esa dispersión de esfuerzos, en el ámbito público, es fruto de nuestro sistema federal, siendo la protección de la salud un poder no delegado por las provincias al gobierno nacional. En el ámbito estatal funcionan hospitales nacionales, mixtos, provinciales y municipales; centros ambulatorios, obras sociales provinciales, de las Fuerzas Armadas, del Congreso, direcciones de ayuda social y el PAMI.

La otra razón de la fragmentación se debe a las obras sociales sindicales, una rara avis en el contexto mundial, que se financian con aportes y contribuciones compulsivos. Esta inmensa caja, sumada al Fondo Solidario de Redistribución, conformado con el 15% al 20% del total recaudado, parece ser el principal objetivo del proyecto camporista. Con la baja de empleo privado han caído las afiliaciones y la recaudación de aquellas. Simétricamente, con la desocupación, han crecido los movimientos sociales. Para darles la cobertura de salud que el Estado no puede brindar, el Gobierno ha trasladado la atención de más de tres millones de personas, con su minúsculo monotributo social, a las obras sociales, asfixiándolas aún más. Es posible que el kirchnerismo, bien alejado ideológicamente del gremialismo histórico (los “gordos”), no tenga los mismos reparos que tuvo Perón en 1974, al excluir esa caja de la ley 20.748, cuando los sindicatos eran columna vertebral del peronismo tradicional.

Las empresas de medicina prepaga no cuentan con ingresos públicos, sino cuotas de sus afiliados y traspasos de las obras sociales. Es solo un prejuicio ideológico de inspiración cubana (“la salud como mercancía”), que ha motivado las medidas para desfinanciarlas.

Es fácil imaginar el zafarrancho que implicaría la centralización de esos inmensos recursos en manos de la política, con su lógica de preferencias tan ajena a las prioridades sanitarias. Solo cabe recordar la forma en que Vialidad Nacional pagaba los certificados de obra de Lázaro Báez y como cajoneaba los pagos a quienes no sabían compartir sus cobranzas con la familia Kirchner.

Para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario nacional, lo primero que debe hace el Estado es coordinar la gestión de sus tres jurisdicciones y evitar que los fondos se malgasten en compras o contrataciones descoordinadas y superpuestas.

En cuanto a las obras sociales sindicales, la solución no puede ser peor que el problema. La alternativa de quitarles los recursos para centralizarlos en mano de la política no es una salida.

El sistema de salud argentino debería tener como objetivo el modelo de los países escandinavos, por ejemplo. Eliminando los impuestos al trabajo y financiando el costo de la salud con recursos presupuestarios. La población tendría así derecho de elegir entre los prestadores públicos, sindicales o privados, compitiendo entre sí.

Como eso no es posible ahora, dada la estructura existente, una reforma transitoria debería prever la gestión de los fondos de las obras sociales a través de un ente fiduciario u organismo autónomo. Sumando recursos presupuestarios, sería el agente financiador de la salud para toda la población, con derecho a elección entre prestadores. Y la eliminación de las regulaciones que impiden a las prepagas pactar libremente sus coberturas y fijar sus cuotas en función de sus planes.

El Estado debe financiar la salud pública como red de seguridad para quienes no tienen cobertura y también como asegurador de última instancia para los tratamientos costosos o situaciones extraordinarias.

La idea del modelo cubano es resultado de un proceso acelerado de empobrecimiento colectivo, como en Venezuela. Cualquier propuesta de reforma sanitaria debe hacerse en el contexto de la política económica adoptada. Con crecimiento e inversión, el empleo regular ofrecerá una alternativa mejor a la militancia callejera. Y con movilidad social ascendente, la población podrá optar por el mejor servicio de salud que prefiera.

Si continúa la decadencia, solo quedarán papers del Instituto Patria, en un sistema carente de gasas y algodón, con equipos sin mantenimiento, personal de salud con sueldos venezolanos y la población a la intemperie, esperando atención, como en Caracas.

LA NACION

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Fuente: https://www.lanacion.com.ar/editoriales/zafarrancho-sanitario-nid27062021/

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